El día de ayer en altas horas de la noche (10 p.m.), ocho pescadores de la comunidad Garífuna de Triunfo de la Cruz fueron requeridos por elementos de las Fuerzas Armadas a cargo de la vigilancia del refugio de Vida Silvestre Cuero y Salado, mientras estos se encontraban faenando frente al área protegida. Según los testimonios de los pescadores, luego de ser detenidos por los militares, sin mediar palabra estos procedieron a dispararles, siendo asesinado el  pescador Guillermo Norales Herrera, originario de la comunidad de Triunfo de la Cruz, quien recibió impactos que aparentan ser causado por un fusil M16, usualmente utilizado como arma de dotación de los militares hondureños.

Al recibir las ráfagas de balas los pescadores gritaron que habían matado a uno de ellos, los militares solo procedieron a retirarse dejándolos a ellos a la deriva, otro de los pescadores (Carlos Colon) se encuentra hospitalizado, dado que al tirarse el mar fue herido por una raya.

El asesinato del pescador Guillermo Norales se suma a la serie de violaciones a los derechos humanos  perpetrados por las Fuerzas Armadas acantonadas en áreas protegidas. La población garífuna radicada en Cayos Cochinos tiene una amarga experiencia en cuanto a la represión surgida como consecuencia de la aplicación de los planes de manejo para esa zona, ventilándose una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por las agresiones con armas de fuego a  las que han sido sometidos los pescadores garífunas.

La costa norte de Honduras ha padecido a manos de la flota pesquera industrial de las Isla de la Bahía un saqueo sistemático de los recursos ictiológicos, afectando el derecho a la alimentación de los pescadores artesanales - en su mayoría garifunas -  los que han visto descender de forma vertiginosas sus capturas, teniendo  que incurrir en viajar a mayores distancias de sus comunidades para lograr el sustento de sus familias.

La creación de áreas protegidas inconsultas, ha generado tensiones sobre el manejo de los recursos, desdeñando el conocimiento tradicional garífuna, el que ha permitido la conservación de la mayoría de los territorios que ocupamos, hasta el punto que 28 de las 46 comunidades que habitamos en el país, se encuentran dentro de las áreas protegidas o sus zonas de amortiguamiento.

Cuero y Salado eran dos comunidades garífunas , cuya población se vio forzada a emigrar a principios de la década de los 90, como resultado de la restricción del derecho a la alimentación que fue impuesto cuando la zona se convirtió en Refugio de Vida Silvestre causando una expulsión silenciosa de 38 de las cuarenta familias que habitaban el humedal. Cabe señalar que la Fundación Cuero y Salado fue la primera entidad privada a la que se le entregó el manejo de una área protegida, siendo sus funcionarios señalados en múltiples  ocasiones por su contubernio con la Standard Fruit Company la que posee una fabrica de extracción de palma africana (CAISESA) en una de las cabeceras hídricas del refugio, la que ha venido contaminado con deshechos de la planta aceitera dichos humedales.

Las contradicciones  que plagan el manejo de las áreas protegidas en Honduras, han servido para los intereses de unos pocos y la represión de los pueblos indígenas y comunidades locales. La expulsión técnica de las comunidades de Cuero y Salado trataron de repetirla en Cayos Cochinos, donde en un momento dado se persiguió a los pescadores mientras a la flota pesquera industrial se le permitió la extracción irracional de crustáceos. Hoy en día los realities shows son una muestra de las inconsistencias de los "ambientalistas", que si bien prohíben a los garífunas acercarse al Cayo paloma, el lugar lo han convertido en escenario periódico para sus shows.

La Bahía de Tela, contigua al Refugio de Cuero y Salado, ha sido en los últimos años un centro de conflictos raciales instigado por empresarios y políticos que han venido por más de dos décadas pretendiendo la implementación de un megaproyecto turístico  para la zona. En la actualidad se construye un emporio de turismo de enclave con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El proyecto conlleva el relleno de 80 hectáreas de un humedal que se encuentra protegido por la Convención RAMSAR,  donde pretenden construir un campo de golf. Este es otro caso en el cual la población garífuna soportó actitudes represivas por parte de la entidad a cargo del cuidado del parque denominada PROLANSATE, bajo la suposición que estaban conservado los humedales cuando era vox populi las aspiraciones ecocidas de la elite de poder sobre las lagunas de Micos y Quemada.

Da la "casualidad" que hace dos años fueron asesinados los jóvenes garífunas Epson Andrés Castillo y Yino Eligio López, a manos de miembros de las Fuerzas Armadas. En el juicio efectuado se dio lugar a la sentencia de los soldados involucrados y por supuesto se omitió hacer mención alguna sobre el oficial a cargo de la ejecución. Aparentemente en el informe del forense se excluyó la mención del tipo de arma utilizada. Este no es el primer caso en Honduras donde las autoridades protegen a los oficiales y elementos de las Fuerzas Armadas, basta recordar que los crímenes cometidos por los militares durante la década de los años 80 han quedado impunes, sembrando de esta forma una fatídica advertencia para el futuro.

Los hechos acontecidos en la noche de ayer en Cuero y Salado es una muestra más de la política que existe en contra de los derechos del pueblo garífuna, los que vemos como cada día mas se reducen nuestros territorios al ser atomizados en nombre  de un supuesto desarrollo que sirve más a los inversionistas y empresarios que a nuestro pueblo. Por otro lado algunos operadores de justicia se parcializan  poniéndose al servicio de aquellos que quieren vernos abandonar las playas en que vivimos.

Hacemos un llamado a las autoridades gubernamentales, a efectuar una investigación exhaustiva sobre los hechos acontecidos y caiga el peso de la Ley sobre los militares asesinos. Además que cese la persecución a los pescadores artesanales y se tomen las medidas necesarias para frenar la destrucción causada por la pesca de arrastre de la flota industrial, verdadera causa del ecocidio que afecta la costa norte de Honduras. De paso exigimos que se respeten los derechos sobre los territorios ancestrales de nuestras comunidades, incluyendo el derecho al hábitat funcional  y por ende el derecho a la alimentación del pueblo Garifuna.

La Ceiba Atlántida 25 de Septiembre del 2008.

Miriam Miranda
Coordinadora General