Los irreparables impactos negativos sociales y ecológicos de posibles proyectos hidroeléctricos –PHs- han sido ampliamente demostrados por las organizaciones sociales locales y nacionales, algunas de las cuales hemos trabajado desde hace casi una década en la defensa del Pacuare.  En consecuencia con esas demostraciones, y con la prueba fehaciente de violaciones a las leyes ambientales del país –por ejemplo trochas y talas en las áreas de bosque y de protección del río-, el 8 marzo del 2005 la Secretaría técnica nacional del ambiente, SETENA, archivó el expediente del PH Pacuare “por vicios de nulidad”.  Ante ese dictamen, pero sobre todo por la presión sustentada de las comunidades, el Consejo Directivo del ICE, en la Sesión 5681 del 19 de julio del 2005, decidió sustituir el PH Pacuare por el polémico PH Balsa Superior, que sería desarrollado junto con la CNFL.

 

Sin embargo, desoyendo la voluntad de las comunidades y los argumentos técnicos que demuestran la inviabilidad social y ecológica del PHPacuare, el 9 de febrero del 2008 el gobierno emitió el dictado de construirlo -158 MW-, como parte del plan nacional de expansión eléctrica y “para evitar nuevos apagones”.  De seguro el principio de sabiduría popular “sólo los ríos no se devuelven” no aplica ni al ICE ni al gobierno de los Arias.

 

Esta sentencia reabre un capítulo de amplísimas repercusiones en la vida nacional y no se trata de un hecho aislado.  Desde el ejercicio de la democracia real con participación ciudadana efectiva, se trata de una afrenta a la voluntad expresa del pueblo de Turrialba.  Desde la perspectiva energética, el gobierno quiere dar un paso más en el proceso de mercantilizar todos los ríos –el agua y la naturaleza- y de evadir el debate sobre cuál es el modelo energético que debería seguir Costa Rica.  A falta de atender estos temas –entre otros- relacionados con lo energético y con la hidroelectricidad, se sigue confundiendo desarrollo energético con desarrollismo para el consumo ilimitado, y se siguen imponiendo los proyectos –como las hidroeléctricas- a las comunidades.  El debate sobre el PH Pacuare nos permite que, desde una visión integral de desarrollo sustentable, recuperemos la urgencia de debatir y acordar –esa es nuestra propuesta- sobre modelo energético incluida la hidroelectricidad, y derechos, responsabilidad y democracia participativa.

 

La “sustitución” del PHPacuare fue una falacia temporal. 

Recién tomado el acuerdo de “sustituir” el PHPacuare, en esta misma revista indicamos que “La decisión del ICE es inteligente y comprometida con la necesidad de salvaguardar –como hemos insistido-  algunas cuencas hidrográficas, lo cual se puede lograr con una adecuada planificación energética nacional, que supere el desarrollismo hidroeléctrico, y sobre todo, que asegure que el crecimiento de la oferta energética responda a las necesidades del pueblo de Costa Rica, y no a las de los negocios de exportación de energía y al lucro privado de grupos nacionales y empresas transnacionales.   Si bien esta decisión del Ice es un avance notable,  quedan muchas tareas pendientes y lo más claro es que la lucha por salvar al Pacuare no pierde vigencia”. 

 

 

 

 

Aunque el PHPacuare fue temporalmente descartado a partir del acuerdo del ICE, el interés por construirlo nunca despareció.  La mayoría del Consejo Directivo siguió insistiendo en el proyecto con lamentaciones y sobre todo con la descalificación de las comunidades y las organizaciones sociales.

 

 

 

 

Una de las muestras de la insistencia dentro del ICE sobre el PHPacuare,

fue la posición de Carlos Obregón, Subgerente de energía, en setiembre del 2005, apenas unas semanas después del plebiscito: “Eso (la oposición) nos descartó por el momento el proyecto Pacuare, sigo insistiendo que el proyecto Pacuare hay que hacerlo y el país lo debe hacer y hay mecanismos para llevarlo a cabo. Por otro lado no creo que el proyecto Balsa sea sustituto del proyecto Pacuare, se suma al proyecto Pacuare y se suma al otro conjunto de proyectos” (Carlos Obregón. CD, Sesión 5689, 06-09-2005).   El fervor desarrollista se ilustra adecuadamente con la opinión de otro directivo del ICE: “soy un poco más de la tesis desarrollista que en un momento dado se dio en los años 60 o 70 en el ICE, pero las condiciones del país han variado, ahora hay que tomar el ambiente social, el ambiente ambiental; o sea, hay una de factores de orden en el entorno para desarrollar un proyecto y desgraciadamente en el Pacuare tuvimos esa situación” (Carlos Castro.  Idem).  En muchas sesiones del Consejo directivo quien defendió la tesis del la sustitución real del PHPacuare por Balsa, fue Pablo Cob, entonces Presidente Ejecutivo, pero tuvo una férrea oposición de otros directivos, como Mayid Halabí, quien además de argumentar en muchas sesiones subsiguientes contra el PHBalsa, expresó: “el que diga que va aquí –el PHBalsa- en sustitución del Pacuare, no quiere decir que estamos renunciando de por vida a no hacer el proyecto Pacuare” (CD. Sesión 5681, 19-07-2005).  La discusión sobre el PHBalsa siguió por años, hasta que, el 7 de febrero de 2008, el ICE acordó “que se archive el proyecto hasta nueva disposición, si es que la hubiese a futuro” (CD, ICE, Sesión 5820, 07-02-2008).  Apenas 2 días después de que el ICE descartara el PHBalsa, el Gobierno central no hace más que relanzar públicamente el PHPacuare nunca desestimado, respondiendo a la visión desarrollista y de crecimiento eléctrico ilimitado originado en décadas anteriores, cuando prácticamente las comunidades y otros actores sociales ni se tomaban en consideración ni se pronunciaban, o si lo hacían no tenían la contundencia necesaria para hacerse escuchar.

 

“…no podemos echarnos atrás con resistencias que son muy oportunistas”.   

Sin duda una de las opiniones más esclarecedoras de la orientación tecnicista y que refleja la carencia  de vocación para el diálogo con las comunidades, es la que expuso el  actual Presidente Ejecutivo del ICE en una sesión del Consejo Directivo con los representantes de las cámaras empresariales del país, en la que dialogaron sobre la crisis energética y la necesidad de renovar los contratos a los generadores privados, entre otros temas.  Dijo el Presidente Ejecutivo:  “…tenemos como tres sitios focalizados en el país para generar, por ejemplo el Pacuare aunque resulte una tensión con los ambientalistas o las comunidades, tenemos que contratar sociólogos de relación masiva o lo que sea, no podemos echarnos atrás con resistencias que son muy oportunistas, tenemos Diquís que es el Boruca de hoy en día, más fácil talvez que el Boruca verdadero porque lo que hay que inundar parece que tiene aparentemente menos resistencia de lo que tenía Boruca, menos gente, hay menos actividad agrícola, eso redujo el proyecto a 631 megavatios, antes era de  1000, y eso es una inversión muy fuerte, se tiene el consenso bancario que es de 1.4 billones de dólares…,…Es un proyecto a diez años plazo porque es muy grande y necesitamos de Pacuare, de Reventazón, necesitamos entrar en una zona donde no estamos presentes que es Talamanca.  Aunque haya resistencia en las aldeas tenemos que tener la astucia y el profesionalismo de convencerlos de que lo mejor que les puede pasar es que nosotros sigamos con proyectos grandes”  (Pedro Pablo Quirós.  Presidente Ejecutivo del ICE. CD, Sesión 5796, 07-06-2007). 

 

Sin discutir –por ahora- cada una de las aseveraciones de los integrantes del Consejo directivo del ICE, lo que urge reconocer es que los PHs siguen siendo una imposición, y que, contrario a la línea del ICE, lo que requerimos son espacios de diálogo sobre el modelo energético nacional y en particular sobre la hidroelectricidad, lo que nos obliga a debatir sobre el futuro del agua y de las reservas de biodiversidad en cada cuenca hidrográfica de Costa Rica.  

 

Sustituir el PHPacuare no fue una decisión únicamente técnica.  Fue un reconocimiento político de la organización, resistencia y respuesta social y de respeto a los argumentos ecológicos y sociales de las comunidades.  En ese momento interpretamos que el ICE daba un aviso para superar los tradicionales mecanismos de ocultamiento de información, despliegues masivos de funcionario-as en las comunidades para convencer a las personas y organizaciones de las bondades de los PHs, conminaciones a la firma de permisos de trabajo en fincas privadas, contratos de venta de tierra, ofrecimiento masivo de empleo, regalo de infraestructura, etc, también aplicados en la cuenca del Pacuare.

 

Si los embalses del ICE no operan y no se utilizan eficientemente, se crean las condiciones para asegurar la compra de electricidad a los generadores privados amparados en las leyes 7.200 y 7.508 y la renovación de contratos que expiran de aquí al 2023.  Valga recordar que hay un pronunciamiento de la Procuraduría General de la República que explica claramente sobre la inconveniencia de esos contratos, incluido uno del Ingenio Taboga  amparado en la Ley 7.200 que vence  el 17 de junio del 2008 (esta misma empresa tiene otro contrato vigente entre el 24 de setiembre de 1996 y el 23 de setiembre de 2016).  Los estragos de este negocio también se le han ocultado al pueblo de Costa Rica, y seguimos a la espera de que se realicen los juicios contra la generación privada.

 

Otro elemento del contexto más amplio –y por abordar en otro momento- es el aceleramiento de los proyectos del Plan Puebla Panamá –PPP.  Recientemente en su encuentro de Miami, los representantes del plan acordaron una serie de acciones para asegurar financiamiento.  Uno de los proyectos de punta es casualmente el sistema de red eléctrico centroamericano (originalmente 1.830 km de líneas), que tras la fusión del PPP con el Plan Colombia aumentará considerablemente, orientándose a la  conversión de toda Mesoamérica en un corredor unificado de inversiones transnacionalizadas.  En España el paroxismo hidro-mercantil llevó a sus impulsores a sentenciar que los ríos están “tan desperdiciados que hasta llegan al mar”.  Y es casualmente de España la empresa Endesa, socia de los gobiernos  centroamericanos encargada de administrar el sistema de integración eléctrico.  El Banco mundial, uno de los financiadores prominentes de represas en todo el planeta, también opinaba igual: “Es difícil concebir un escenario en el que la India pueda darse el lujo de que las aguas de un río tan importante como el Narmada se desperdicien en el mar”.  Pero el frenesí mercantilista con los ríos es mucho más antiguo.  En 1908 Winston Churchill soñaba el desarrollo diciendo “…y el propio Nilo se extinguirá gloriosamente sin jamás llegar al mar”, y en 1929 Stalin prácticamente lo copiaba: “el agua que llega al mar se desperdicia” (McCully, Patrick. 2001. Ríos silenciados. Ed. Proteger. Arg. 21, 284)-.  Esa mala suerte de morir sin llegar al mar ya la tiene el Río Colorado, por ejemplo, y otros como el Tárcoles, sólo “aportan” contaminantes de todo tipo en su propia cuenca y a los ecosistemas marino-costeros.

 

La expansión eléctrica ilimitada y las grandes represas se siguen construyendo no a favor de los pueblos sino de los negocios.  Si bien la exportación de electricidad podría ser un buen negocio, la sociedad costarricense no debería avalarla sin haber acordado una seria y eficiente planificación energética e hidroeléctrica, y un sistema público de controles políticos y financieros que asegure beneficios para el pueblo en general, y no un fabuloso negocio para algunos inversionistas locales o foráneos.  Comprendemos que al ICE se le impuso el mandato de asegurar el abastecimiento de energía que demanda la atracción de inversión externa directa, y que se le está obligando a la apertura y privatización por distintas vías, como los contratos BOT (construcción, operación y transferencia, como el caso del cuestionado proyecto La Joya de la empresa Unión Fenosa en Tucurrique-Cartago). 

El Pacuare nos convoca a dialogar sobre los derechos de los pueblos

Hace casi una década que hemos insistido en el tema energético como debate colectivo nacional y no como tema de técnicos y expertos del ICE, que excluye a organizaciones civiles y por supuesto a las comunidades.

 

A pesar de las limitaciones impuestas y desprecio por las poblaciones, en muchos proyectos de represas las organizaciones y comunidades hemos desarrollado procesos con resultados distintos, como el plebiscito de Pacuare y su retiro temporal, el condicionamiento, negociación y traslado de obras y el Plan de manejo de la cuenca en el caso del PHPirrís,  la posposición de Savegre (ahora lo impulsan en el mismo paquete del Pacuare, “trabajando” y “convenciendo” a las comunidades como se dice en el ICE), el cambio de Boruca por Diquís que no es una solución sino un traslado geográfico del problema, las evidencias de carencias del plan de manejo de la cuenca Reventazón en el caso de Angostura, la explotación desmedida de la gran cuenca Sarapiquí, y muchos casos más, incluidos los daños de proyectos privados.  Lo que estos procesos nos han permitido confirmar, es, en primer lugar, las mayores desigualdades pensables de participación, pero además, que las comunidades pueden y deben participar directa y plenamente en los procesos de proyectos, pues son las principales afectadas.  Es evidente que tanto el ICE como los generadores privados tratan de rehuir el debate sobre modelo energético e hidroelectricidad, pues eso limita sus planes de expansión energética y particularmente hidroeléctrica, a la que, contrario a todas las pruebas técnicas en todo el planeta, siguen calificando como limpia y renovable.  Su casi exclusivo argumento es que la demanda interna crece a un 5.4% anual y que eso obliga a represar prácticamente todos los ríos del país.

 

Un PH en el Pacuare significa la posible destrucción de una de las principales reservas de biodiversidad del país –y de la región mesoamericana-, y de un espacio de vida de la cultura indígena nacional, con lo cual se violaría el Convenio 169 de la Organización internacional del trabajo.  No menos relevantes serán los impactos negativos en las comunidades que, al igual que en la mayoría de las represas nacionales y en el mundo, jamás son compensados con los beneficios temporales de empleo y algunas obras realizadas en los pueblos, que son inversiones menores y siempre favorables a los PHs.

 

La tarea de defensa del Pacuare con las comunidades se sustenta en la defensa de la vida y del río y su cuenca como reserva de naturaleza, lo cual se fundamenta en criterios ecológicos y  sociales expresados por nuestras organizaciones y refrendados por la Setena. 

 

Esa defensa está legitimada en los derechos ciudadanos expresados en las urnas como ejercicio de ciudadanía responsable.  Responde además a la urgente necesidad de permitir y asegurar que los pueblos involucrados no sean simples objetos intervenidos, sino que tengan un grado real de participación en todo el proceso de decisiones, lo cual, se supone, es parte consustancial del desarrollo sustentable.  Por esta razón, además de defender los resultados de la consulta democrática, seguiremos exigiendo al ICE que cumpla con entregar a las comunidades información a tiempo y completa.  El hecho de que los pueblos afectados se enteraran por la prensa de la bula gubernamental de construir el PHPacuare, confirma que oficialmente no se respetan las decisiones de las comunidades y que ni siquiera se las considera interlocutoras.  Se trata simplemente de sojuzgar.

Exiguo favor le harán el gobierno de los Arias, el ICE y algún jornalero del ambiente local, al país y la democracia, forzando la construcción de una represa con todo un historial de comprobadas fallas técnicas y violaciones a la legislación ambiental nacional y de los derechos de las comunidades.  Un probable decreto o dictado de “interés nacional” lejos de resolver las contradicciones más bien confirmará la imposición y violación de decisiones democráticas.  La diferencia esencial entre imposición de una hidroeléctrica y un proceso de diálogo, información completa e inclusión social, que permita a las comunidades prepararse para negociar en buena condición con el ICE, retomará ahora mucha más fuerza, toda vez que las comunidades reforzaremos la decisión contra el PHPacuare del plebiscito que fue legalmente reconocido y ejecutado bajo las reglas del Tribunal supremo de elecciones.

 

Ya las comunidades hemos demostrado tener capacidades colectivas de organización, movilización y de propuesta, para negociar, y no simplemente recibir los PHs como imposición política y técnica.  Si la participación ciudadana es consustancial a un modelo de desarrollo integral y sustentable, no se pueden desconocer ni irrespetar la voluntad y los derechos comunitarios tan claramente expresados en el plebiscito del 28 de agosto de 2005.