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Con Erasto Reyes
Más de 100 mil
personas
movilizadas en todo el
país
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El
pasado jueves 17, decenas de miles de hondureños se lanzaron a
las
calles en todo el país para exigirle al gobierno respuestas
concretas a
un paquete de doce demandas. Las acciones se llevaron a cabo en 20
puntos de diferentes regiones, paralizando a 15 de las más
grandes
ciudades de Honduras por medio de tomas de puentes y carreteras,
marchas, mítines y paros de labores.
El denominado “Paro
Cívico Nacional” fue convocado por la Coordinadora Nacional de
Resistencia Popular (CNRP) y las principales centrales obreras
del país.
Frente
al éxito de esta actividad y a la desbordante
participación popular, el
gobierno envió tropas de la Policía y del Ejército
que, según los
manifestantes, reprimieron, desalojaron y detuvieron violentamente a
los participantes, haciendo uso de gases lacrimógenos, armas de
guerra
y hasta tanquetas. Pese al despliegue militar, la población
hondureña
siguió protestando, demostrando estar dispuesta a la lucha hasta
alcanzar una respuesta satisfactoria a sus demandas.
En
la capital la protesta llegó hasta las inmediaciones de la Casa
de
Gobierno, la cual estaba fuertemente resguardada por policías y
militares, pero el presidente Manuel “Mel” Zelaya
no accedió a reunirse con los representantes de las
organizaciones
sociales y sindicales. En su lugar delegó a algunos de sus
ministros,
actitud que fue tajantemente rechazada. Frente a la negativa del
presidente Zelaya, los representantes de las organizaciones
sociales decidieron retirarse, no sin antes dejar abierta la
posibilidad de una reunión en los próximos días
para abordar todos los
temas puestos en el tapete.
Independientemente
de los resultados, las organizaciones sociales y sindicales llamaron el
pueblo hondureño a una nueva movilización el
próximo 1º de mayo.
Para conocer los
pormenores de esta importante demostración de fuerza y
organización, Sirel conversó con Erasto Reyes,
integrante de la conducción del Bloque Popular
de San Pedro Sula y de la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular (CNRP)1.
-¿Cómo
surge este Paro Cívico Nacional que demostró la capacidad
de movilización de las organizaciones sociales y sindicales?
-El primero de febrero,
en el marco del “Primer Encuentro de Organizaciones Obreras, Campesinas,
Comunitarias y Populares” en San Pedro Sula, se
reunieron tres centrales obreras, la Confederación Unitaria de
Trabajadores de Honduras (CUTH), la Confederación de
Trabajadores de Honduras (CTH), la Central General de
Trabajadores (CGT) y la Coordinadora
Nacional de Resistencia Popular (CNRP).
En
esta ocasión acordamos impulsar doce demandas, cuyas respuestas
vienen
siendo postergadas por el gobierno, la clase política
hondureña y los
empresarios.
-¿Cuál
es el contenido de las doce demandas?
-En primer lugar la
derogación de la Ley Marco del Agua Potable, porque
permite la municipalización del servicio y abre el camino a su
privatización, a través de concesiones a empresas
privadas. Lo que
pedimos es que se tome en cuenta la propuesta presentada por los
movimientos populares hondureños en 2003. La segunda demanda
tiene que
ver con detener el aumento de la canasta básica, a
través de un estricto control de precios, y un aumento
general de salarios en todas las actividades económicas del
país. A este propósito, pedimos también la
derogación del Decreto de Diferenciación de Salarios,
con el cual se obliga a los trabajadores y trabajadoras de la maquila
de cinco departamentos del país, Choluteca, Valle, Olancho, El
Paraíso
y Santa Bárbara, a ganar menos que el salario mínimo
establecido en el
país. Esto es violatorio del principio del Derecho Laboral que
contempla que para igual trabajo debe haber igual salario. Esta
diferenciación violenta la Constitución de la Republica,
el Código del
Trabajo y los convenios internacionales. Otra demanda muy
importante
es la implementación de una Reforma Agraria
integral, con acceso a tierra y crédito para el sector
campesino, y
garantizar la soberanía alimentaria al pueblo hondureño,
abasteciendo
de granos básicos a todo el país.
-¿Qué
otros puntos tocaron en sus demandas?
-Exigimos la
derogación de la Ley de Modernización Agrícola
aprobada en
1992. Esta ley se hizo para que los terratenientes pudiesen monopolizar
el derecho a la tierra y actualmente hay miles de hectáreas de
tierra
abandonada. Pedimos que se grave con impuestos estas tierras en manos
de terratenientes, pero también que se actúe para
entregárselas a los
campesinos.
Pedimos también la derogación de los Decretos 219/2003,
Ley de Racionalización de las Finanzas Públicas y 220/2003,
Ley de Reordenamiento del Sistema Retributivo del Gobierno Central,
que atentan contra la estabilidad laboral y los
derechos de los trabajadores del sector publico en el país.
Exigimos, además,
la no privatización de la Empresa Nacional Portuaria (ENP),
de la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR), de la
Educación y de la Salud y
que se profesionalicen y mejoren para ponerlas al servicio del pueblo
hondureño. Entre otros puntos, estamos también demandando
una nueva Ley de Minería y una nueva Ley Forestal,
que garanticen una explotación integral de los recursos
naturales en
beneficio del pueblo hondureño, sin estarlos entregando a las
transnacionales las cuales, en abierta violación de la
soberanía del
país, lo único que nos dejan cuando se van es
contaminación, muerte y
desastres naturales. Finalmente se pidió también el respeto
a los derechos de los trabajadores, como la libre
sindicalización y contratación colectiva,
sobre todo en el sector de la maquila y el respeto a los pueblos
indígenas y negros que son víctimas de los intereses
empresariales nacionales y extranjeros, con miras a la
explotación de los territorios que ancestralmente les pertenecen.
-¿Apoyaron
también la protesta de los Fiscales?
-Por supuesto que
apoyamos la lucha de la Asociación de Fiscales de Honduras (AFH).
Tienen doce días de estar en huelga de hambre protestando contra
la
corrupción de las instituciones y de las clases política
y empresarial
del país. Esta lucha tan valiente es la de todos nosotros. Como
quiere
ser desestimada por el Fiscal General de la República,
declaramos estar
junto a los fiscales para que no se detengan los juicios contra los
corruptos.
-¿Cómo
se ha desarrollado la jornada de protesta?
-Ha sido una de las
actividades de mayor éxito en los últimos diez
años y una de las más grandes después de la huelga
de 1954. Todos los movimientos que representan los trabajadores,
los campesinos, los comunitarios, los profesionales, los
indígenas nos unimos y fuimos capaces de movilizar a más
de 100 mil personas en todo el país.
Se tomaron más de 60 puntos de carreteras y esto nos está
garantizando
que el pueblo se sumó a este gran Paro Cívico Nacional
que celebramos.
La lucha se extendió en muchas ciudades como Tegucigalpa, San
Pedro
Sula, Santa Rosa de Copán, El Progreso, San Lorenzo, Choluteca,
Danli,
La Paz, Comayagua, Siguatepeque, Tela y La Ceiba, entre otras
El
gobierno llamó a nuestros dirigentes, quienes llegaron a la Casa
Presidencial a las dos de la tarde, pero no hubo reunión porque
el
Presidente no quiso atenderlos, sino que delegó a cinco
ministros.
Nosotros queríamos reunirnos con quien tiene capacidad para
tomar
decisiones y no con cualquier persona que nos ponen allí. De
manera extra oficial sabemos que hay pláticas para que el
Presidente se reúna con nuestros representantes en los
próximos días,
y estamos pidiendo también respuestas de parte del Poder
Legislativo y
Judicial. Además de eso, ya hicimos un llamado para que el 1 de
Mayo se
convierta en una de las movilizaciones más grandes de los
últimos
años.
-¿Cuál
fue la actitud de la Policía?
-Hemos
denunciado y condenado los hechos represivos de la Policía en
diferentes partes del país. Hubo ataques y violencia contra los
manifestantes, hasta con uso de gases lacrimógenos y balas de
goma, que
dejaron como saldo a muchas personas golpeadas, heridas y hasta
detenidos, que más tarde fueron liberados. El Estado tuvo una
actitud
irresponsable de querer reprimir la voz del pueblo que estaba
manifestando de manera pacífica.
-Una de las demandas
es justamente el tema de la Reforma Agraria. ¿Cuál es la
situación de la propiedad de la tierra en Honduras?
-En los años 70 se
emitió una Ley de Reforma Agraria bajo el gobierno de Osvaldo
López Arellano
y, de alguna manera, hubo beneficios para los campesinos. Durante los
80 se trató de revertir ese proceso con ataques
sistemáticos a las
organizaciones campesinas y en 1992 se emitió la mal llamada Ley
de
Modernización Agrícola. Esa ley logró fue dar
títulos, pero no crédito
a los campesinos, para después poder presionarlos y comprarles
la
tierra. Esto ha venido provocando la migración de miles de
hombres y
mujeres del campo a la ciudad. Sin tierra, ni crédito, se
trasladaron
en los centros urbanos para buscar cómo sobrevivir, y muchos de
ellos y
ellas terminaron trabajando en las empresas maquiladoras, siendo
explotados, ultrajados y violentados en sus derechos.
Otro
efecto de esta ley y de la crisis del campo es la migración de
más de
un millón de hondureños al extranjero, los cuales se han
convertido en
la segunda fuente de ingresos del país: en 2007 han
entrado al país
más de 2.500 millones de dólares en calidad de
remesas familiares. Sin
los emigrantes este país se caería en pedazos y
explotaría bajo la
presión social.
-¿Este
fenómeno esta relacionado también con la actual crisis
alimentaria que se ha generado en la región y también en
Honduras?
-Al
haberse olvidado del campo, en el país se ha generado un
desabastecimiento de alimentos básicos. Estamos importando
arroz, maíz
y otros productos agrícolas a precios altísimos, lo cual
está
provocando una severa crisis alimentaria. Hay datos de la CEPAL
que dicen que el 65 por ciento de los hondureños sobrevive con
un dólar
al día. Una amenaza muy reciente para el campo es el desarrollo
de los
agrocombustibles. Esta situación va a profundizar aún
más la crisis, y hemos
hecho un llamado de atención para que se reflexione al respecto,
impidiendo que Honduras se convierta en un inmenso campo de
caña, de
maíz o de palma africana para ese tipo de producción.
-¿Cómo
está actuando el gobierno frente a la crisis alimentaria?
-Finalmente
admitió que nos estamos enfrentando a una crisis alimentaria,
pero recién lo hizo cuando la FAO
lo denunció a nivel internacional. Apenas ahora los
políticos y
empresarios se están dando cuenta de que en este país hay
hambre y
miseria. Nosotros estamos denunciando esta actitud y rechazamos esta
postura, y pedimos una nueva reforma agraria integral, con un modelo de
desarrollo con base en la justicia social y en los derechos del pueblo
hondureño.
-La
semana pasada el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, propuso
una
reunión urgente entre los mandatarios de la región para
acordar un plan
conjunto para enfrentar a esta situación de crisis.
¿Crees que pueda
ser algo positivo para los pueblos?
-Ojalá
fuera práctica y no teoría. Ojalá sean cosas
concretas y no falacias.
Nuestros pueblos necesitan respuestas concretas, necesitamos medidas
que sean aptas para nuestra situación y necesitamos revivir el
campo,
pero ¿cómo es posible hacerlo cuando nuestros gobiernos
han aprobado y
ratificado un TLC con Estados Unidos que nos
está
hundiendo? Todavía no logramos entender cómo lo van a
hacer si tenemos
la bota del imperialismo estadounidense encima. No queremos que
especulen y jueguen con las necesidades, con el hambre y la miseria del
pueblo. Necesitamos respuestas concretas.
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Fotos
1 y 4: Giorgio Trucchi
Foto 2, 5 y 6 :
La Tribuma
Foto 3: Miriam
Huerzo
Foto 7: EFE
