A raíz de los graves acontecimientos ocurridos últimamente en Honduras nos dirigimos a Ustedes para expresar nuestras sinceras preocupaciones en cuanto al deterioro de la situación de los Derechos Humanos en el paìs mesoamericano.

Las distintas organizaciones sociales, indígenas, campesinas, obreras y sindacales de Honduras están actualmente bajo una ola de represión, debido a su lucha por los derechos elementales del pueblo hondureño.

1.- Denunciamos con firmeza el ataque brutal sufrido por FELICIANO PINEDA, afiliado al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH, por parte de DELFINO REYES, SANTOS REYES, PABLO REYES Y CECILIO REYES. Este ataque se entiende como una intimidación más hacia la Comunidad de Montaña Verde, a raíz del conflicto de tierra que vive con la familia de Calix Urtecho por los intereses económicas de esta, relacionados al control de las tierras de Montaña Verde. Feliciano Pineda, después de haber sido atacado con arma blanca por los paramilitares fue trasladado por sus compañeros de su comunidad al Hospital de La Esperanza, y luego transferido al Hospital Esquela de Tegucigalpa en donde fue capturado por agentes de la DGIC, y trasladado al Penal de Gracias sin haber recibido atención medica, a pesar de su grave estado de salud. Durante el trayecto Feliciano fue maltratado fisicamente y psicològicamente, amenazado y humillado por parte de los agentes de la DGIC.

Condenamos las numerosas violaciones de derechos humanos que han subido nuestros hermanos del COPINH, FELICIANO PINEDA, MARCELINO Y LEONARDO MIRANDA, los últimos dos recluidos desde mas de 2 años en el Penal de Gracias y condenados a 29 años de prisión por un delito jamás cumplido y nunca probado a lo largo de un proceso farsa lleno de falsedades y contradicciones. Estas mismas preocupaciones han sido manifestadas varias veces por la Organización Amnistía Internacional, entre las organizaciones mas reconocidas a nivel internacional en materia de defensa y promociòn de Derechos Humanos.

Denunciamos la actitud cómplice por parte de las autoridades del país, la colaboración de las fuerzas policíacas, que unidos a los grupos paramilitares activos en la zona de Montaña son los responsables de los actos de represión mencionados.
EL COPINH es una organización hermana a la nuestra, que lleva adelante de manera pacifica un proceso de lucha por los derechos fundamentales del pueblo lenca enmarcado en el Convenio 169 de la O.I.T, por la defensa de los recursos naturales, por la educación y la salud de sus familias, rechazando cualquier intento de las empresas transnacionales e instituciones financieras internacionales (como el Banco Mundial, el BID y el BCIE) de implementar proyectos de “desarrollo” en contra de la voluntad de las comunidades lencas.

En este sentido, como organización internacional que trabaja por la promociòn de los Derechos Humanos, nos oponemos a cualquier acto intimidatorio y de represión hacia los y las integrantes y dirigentes del COPINH.

2.- Repudiamos el brutal desalojo efectuado el día 7 de junio en las comunidades de las Golondrinas, Marcala, La Paz, también afiliadas al COPINH y que, amparados por el convenio 169 de la O.I.T de los pueblos indígenas y tribales y la constitución hondureña han recuperado de forma legítima tierras ancestrales abandonadas, que según constancia del Instituto Nacional Agraria son de carácter ejidal. El desalojo fue realizado por las fuerzas policíacas, dejando todas las casas de la comunidad destruidas y agrediendo de forma violenta a las familias.

Condenamos la actitud del INA en el caso de la comunidad de Pueblo Viejo, otorgando dominio pleno a personas ajenas a la comunidad sobre la microcuenca que abastece la comunidad. Por reclamar ese derecho, están procesados 12 compañeros de la comunidad de Pueblo Viejo Colomoncagua Intibucá, al grado de que se les han dictado medidas cautelares.

Denunciamos el hecho de la venta de las tierras de la comunidad de Wise, municipio de Intibucá, departamento de Intibucá. El nuevo proprietario està amenazando a las familias de la comunidad de despojarles de sus tierras en el caso de que ellas no quisieran trabajar para el. Denunciamos la represiòn judiciaria de la DGIC, la fiscalía, y el juzgado de Intibucá que han procesado a integrantes de la comunidad por defender a su derecho legìtimo a la tierra de la comunidad.

3.- Denunciamos el vil asesinato del compañero EDICKSON ROBERTO LEMUS, secretario general de la CNTC regional El Progreso, ocurrido el día 24 de mayo 2005. El compañero LEMUS se dirigía a visitar el grupo campesino RENACER desalojado por la autoridad pública del predio que ocupan en el sector de Pajuiles de El Progreso. Las características con las que fue llevado a cabo el crimen indican la existencia en El Progreso de un comando de asesinos a sueldo con los mismos métodos de los escuadrones de la muerte de la década de los 80 del siglo pasado. Responsabilizamos a los funcionarios policiales, judiciales y ministerio público locales así como a la regional del Instituto Nacional Agrario por actuar con negligencia ante el conflicto agrario y posibilitar por acción u omisión el asesinato del compañero EDICKSON LEMUS.

4.- Denunciamos el atropello cometido contra GREGORIA FLORES, Coordinadora General de la Organización Fraternal Negra Hondureña OFRANEH, la cual recibió un impacto de bala en su brazo en la Ceiba el día 30 de mayo 2005. La OFRANEH está luchando por la defensa de los derechos territoriales del pueblo Garífuna y combatiendo las usurpaciones que se han venido dando a manos de la elite de poder de Honduras.

Denunciamos el hecho que el Banco Mundial y el Estado de Honduras han manufacturado una Ley de Propiedad, marco jurídico del Proyecto de Administración de Tierras de Honduras, conocido como PATH. Dicha Ley de Propiedad fue aprobada sin tener en consideración las observaciones presentadas en la consulta comunitaria a las diferentes versiones de la misma, que fueron rechazadas como intervencionistas y destructoras de los títulos expedidos a favor de las comunidades Garifunas, reconocimientos jurídicos de los cuales algunos se remontan al siglo XIX.

Exigimos el respeto a los títulos comunitarios expedidos, además de un saneamiento territorial para solucionar los conflictos creados por las apropiaciones indebidas a manos de terratenientes, empresarios, políticos y militares, los cuales de forma sistemática se apropiaron de enormes extensiones de territorios comunitarios Garífunas.

5.- Manifestamos nuestras mas profundas preocupaciones para la situación que viven las 800 familias habitantes de las diez comunidades de Zacate Grande, departamento de Choluteca, organizados en el Consejo de Desarrollo y Solidaridad (CODESOL), con el objetivo de luchar comunitariamente para convertir el derecho natural de la posesión de las tierras en derecho legal. Los pobladores viven allí desde hace unos ochenta años y están sufriendo amenazas de despojo y agresiones por parte de los integrantes del Club de Coyolito,en donde se destaca el liderazgo del empresario Miguel Facussè Barjum, interesados en convertir, bajo el pretexto de protección de medio ambiente, la isla en un paraíso turístico.

Por todo lo anterior exigimos:
1) Libertad inmediata para FELICIANO PINEDA, LEONARDO Y MARCELINO MIRANDA, todos recluidos en el penal de Gracias. Pedimos justicia para los responsables de la agresión a nuestros hermanos, en particular DELFINO REYES, SANTOS REYES, PABLO REYES Y CECILIO REYES.

2) Cese inmediato de los actos intimidadores y de represión hacia las comunidades de Montaña Verde, hacia los y las integrantes y dirigentes del COPINH.

3) Un investigación seria y completa para que sean castigados los culpables del abominable asesinato de EDICKSON ROBERTO LEMUS, secretario general de la CNTC regional El Progreso.

4) Justicia en el caso de la agresión a la Coordinadora General OFRANEH GREGORIA FLORES. Nos unimos a la petición de OFRANEH de exigir la revisión del capitulo III de La Ley de propiedad, que conlleve a la derogación de aquellos artículos que atentan contra los interés y derechos colectivos ancestrales del pueblo Garifuna.

5) Respecto del derecho a la tierra en el caso de la Comunidad de las Golondrinas, Marcala, La Paz, en el caso de la Comunidad Pueblo Viejo Colomoncagua Intibucá y en el caso de la comunidad de Wise, como establecido en el Convenio 169 de la OIT firmado y ratificado por el Congreso de Honduras.

6) Justicia para los vil asesinos del compañero FLORENTINO CORTES y el cese inmediato de la represión, del hostigamiento y persecución hacia las personas de la comunidad Cerrito Lindo. Condenamos los abusos y atropellos de la Lotificadora CERRITO LINDO S. DE R.L contra la comunidad de Cerrito Lindo.

Atentamente

COLECTIVO ITALIA CENTRO-AMERICA C.I.C.A.
COMITATO INTERNACIONAL “JUSTICIA, TIERRA Y LIBERTAD PARA MARCELINO E LEONARDO MIRANDA”
www.puchica.org
info@puchica.org

Copia a:
Amnistía Internacional
Human Rights Watch
FIAN International