CANTANDO LIBERTAD, TIERRA Y JUSTICIA A LO LARGO DE LA REPRESIÓN
Como
explica Marcelino Miranda en el relato que sigue, las comunidades
de Planes (también llamada simplemente Montaña Verde)
y Vertientes, juntas Montaña Verde, han sufrido una represión
casi constante por varios años.
Los terratenientes y ganaderos de la región trajeron su ganado
a Montaña Verde cada año por unos 20 años,
molestando a la población y arruinando los cultivos. Mandaron
hombres armados para guardar el ganado, atropellando los derechos
de las comunidades allí asentadas por unos 200 años.
También talaron el bosque y establecieron un aserradero en
el centro de la comunidad.
Hicieron una campaña para concientizar a la población
sobre los daños causados por la deforestación, y lograron
quitar el aserradero. En el 2000, lograron detener la entrada del
ganado, con una acción en la entrada de la comunidad, sostenida
por semanas por la comunidad con apoyo del COPINH, con la cual Montaña
Verde está afiliada, y otras organizaciones fraternas. Así
se detuvo las acciones destructivas que formaban parte de la estrategia
de los terratenientes para quitar a la gente del territorio.
Es de hacer notar que las familias interesadas en las tierras de
Montaña Verde tienen la manera de actuar. Son terratenientes
poderosos que forman parte del élite de Honduras. La familia
Calix Urtecho, por ejemplo, que ha sido la fuerza que más
ha causado problemas en la región, tiene conexiones políticas
y militares. El ex-Capitán Mario Calix Urtecho, que murió
hace unos dos años, también era un de los máximos
líderes del Partido Nacional durante los años 1980s.
Un de sus hijos es abogado, notario, y actualmente es diputado en
el Congreso Nacional, por el mismo Partido Nacional que está
en el poder. Otros familiares incluyen un policía de alto
rango, Wilfredo Urtecho Jeamborde, que estuvo al mando de un operativo
de desalojo en los 1990s en la región de Guaymas, Yoro, en
el cual fueron torturados y asesinados unos campesinos. Tanto Wilfredo
Urtecho Jeamborde como Mario Calix Urtecho recibieron cursos de
entrenamiento en la Escuela de las Américas, mejor conocida
como la Escuela de los Asesinos.
Así que la lucha comunitaria de Montaña Verde en defensa
de su territorio comunal y los recursos naturales ha tenido repercusiones
fuertes. Al mismo tiempo que crecía la organización
comunitaria en contra de esos atropellos, crecía también
la represión en contra de las comunidades, sobretodo en contra
de los líderes indígenas de las comunidades. Desde
el 2000 viene una campaña represiva de ahogar a los líderes
del Consejo Comunal Indígena con procesos legales, empleando
falsos testigos y manipulando a los jueces, fiscales y otras autoridades.
Hasta la fecha, los cargos incluidos incluyen: usurpación
de tierra, robo y daños, amenazas, hurto de ganado mayor,
lesiones, asesinato e incluso atentado contra el Estado. Hay que
destacar que los acusados han sido siempre miembros del Consejo
Comunal Indígena de Montaña Verde, legalmente reconocido
con Personería Jurídica, y otros reconocidos líderes
de las comunidades de Vertientes y Planes.
En el 2000, arrestaron a Marcelino Miranda y su hermano Secundino
Miranda, por el cargo de usurpación de tierra, en perjuicio
de Demetrio Benítez, que salió de la comunidad y trabaja
por la familia Calix Urtecho, siendo acusador y testigo en varios
procesos legales. Por medio de una constancia de la organización,
se logró liberarlos de la cárcel después de
unas pocas noches, y posteriormente se cerró el caso por
haber pasado dos años sin actividad.
Alrededor de este tiempo, empezaron las acusaciones en contra de
varios miembros del Consejo Indígena. En febrero del 2001,
Felipe Bejerano, Vice Presidente del Consejo, fue detenido cuando
andaba en Gracias para hacer trámites en la Dirección
Departamental de Educación, porque durante varios años
la escuela en su comunidad quedó cerrada por falta de maestro.
En febrero del 2002, un operativo de policías y civiles armados
entró en la comunidad de Vertientes en horas de la noche.
Entraron sin orden de allanamiento en la casa de Luis Benítez,
otro directivo del Consejo, para arrestarle, dándole unos
golpes cuando pido permiso para vestirse. En la misma noche arrestaron
a Santos Benítez, un autoridad comunitaria, por acusaciones
de amenazas y allanamiento de morada, y pasaron por la casa de otro
dirigente comunitario, amenazándo a muerte a él y
su familia, mientras golpeando la ventana y la puerta.
Santos logró su libertad bajo fianza, pero Felipe y Luis
permanecieron presos, acusados de Robo y Daños, hasta en
abril del 2003, cuando al final fueron liberados, por falta de evidencia.
Felipe había estado preso por más de dos años,
y Luis por unos 14 meses. Mientras estaban presos, siguió
la lucha de Montaña Verde por el reconocimiento de sus derechos
a la tierra, y en el 2001 la comunidad de Vertientes recibió
el título comunal a las tierras de la comunidad, en nombre
del Consejo Comunal Indígena de Montaña Verde. Así
que desde entonces la campaña de represión se enfocó
en perseguir los líderes de la comunidad de Planes, donde
aún no han recibido el título comunal tantas veces
prometido.
El 8 enero, a casi la medianoche, llegó un operativo estilo
militar de 28 efectivos, entre policía nacional, agentes
Cobras (fuerzas especiales), y también con civiles armados,
incluyendo a unos de los acusadores y testigos en los casos contra
los dirigentes del Consejo. Se dividió en dos grupos, un
de los cuales fue a disparar contra la Casa Comunal, donde se reunían
el Consejo y donde a veces durmía los dirigentes por miedo
de ataques contra sus casas por la noche. El otro grupo procedió
hacia la casa de habitación de Marcelino Miranda, Coordinador
de Asuntos Legales del Consejo, donde estaba durmiendo junto a su
familia. Sin anunciar que eran autoridades, ni presentar ningún
documento, el grupo rompió la puerta y sacaron a Marcelino,
golpeándole y dándole patadas, insultándole
a él y a sus familiares, dentro de los cuales habían
una bebé y niños chiquitos, quienes quedaron completamente
traumatizados.
Ya fuera de la casa le siguieron torturándole con golpes
y patadas, amenazándole a muerte. No dejaron acercar a los
demás habitantes que habían venido para investigar
los tiros que escucharon, más bien, siguieron los disparos
por todos lados. Otro grupo se había ido a la casa de Leonardo
y Eleuterio Miranda, ambos hermanos de Marcelino y destacados dirigentes
en la comunidad. Hicieron numerosos disparos contra la casa, e incluso
lanzaron una bomba de gaz lacrimógena al dentro. La familia
se quedaba aterrorizada al dentro, aunque amenazaron con matarlos
todos. Poco a poco, todos fueron saliendo, menos Leonardo, a quien
las autoridades estaban buscando, sin nigún orden de captura
ni allanamiento. Los demás miembros de la familia fueron
obligados a tirarse en un charco, aguantando el frío a punta
de armas, hasta que salió Leonardo a las 6am, como la ley
lo estipula. Al salir con sus manos arriba, y aun después
que se le puso las esposas, fue golpeado fuertemente por los agentes
del Estado, incluyendo a agentes de la DGIC.
En todo el camino de la comunidad hasta Potrerillos, siguieron golpeándoles,
primero bajando a Marcelino y luego a Leonardo. Marcelino fue obligado
a cargar unos fusiles amarrados en su cuello, y sumergieron la cabeza
de Leonardo repetidas veces en una quebrada, hasta medio ahogarse.
También durante el trayecto en carro hacia Gracias, fueron
torturados – les apagaron cigarrillos en sus caras y orejas,
y los golpearon. También ya en la celda en la sede de la
Policía Nacional, entraron unos agentes policiales para golpearlos.
Fueron remitidos al hospital, donde Leonardo, que entró inconsciente,
tuvo que quedarse recuperando, y donde llegaron agentes de la Investigación
Interna de la Policía para presionar que la enfermera los
sacara o almenos para que los quitara el suero. También en
abril del 2003, fueron torturados por dos agentes Cobras que habían
participado en el operativo de enero, y quienes los sacaron para
torturarlos durante un registro en el Centro Penal. En junio entraron
los mismos agentes de los Asuntos Internos de la Policía,
amenazando a Leonardo y colocando una pistola en su cabeza para
que firmara unos documentos blancos, lo cual negó hacer.
A lo largo de los procesos, ha persistido una fuerte manipulación
de las cortes, con la implicación de diversas autoridades,
y numerosas violaciones al derecho al debido proceso. Desde no reconocer
testimonios y no notificar a la defensa, hasta llamar a los medios
de comunicación durante un operativo de reconstrucción
de los hechos, para publicar la falsa información que el
Juez y unos agentes policiales habían desaparecido en la
comunidad, la cual se pinta como nido de terroristas y delincuentes
para justificar la represión en su contra.
Actualmente, a un año y medio de su detención violenta
e ilegal, Marcelino y Leonardo enfrentan una sentencia de 25 años
por asesinato, la cual recién fue ratificada por la Corte
de Apelaciones en Santa Rosa de Copán, aunque el Consejo
Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de
Honduras (COPINH), junto con la comunidad de Montaña Verde
y otros, han realizado una lucha sin descanso para lograr la libertad,
la tierra, y la justicia, que tanto se les debe a Montaña
Verde y sus líderes indígenas y comunitarios.
Se necesita urgentemente apoyo de todo tipo para este caso.
Favor mandar sus mensajes de preocupación, exigiendo libertad
y justicia para los compañeros de Montaña Verde, a
la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Cecilia Villeda Morales,
fax: (504) 233-67-84 o 233-79-21.
También se necesita de manera URGENTE apoyo económico
para los compañeros presos, sus familias, su defensa, etc.
PARA MAYOR INFORMACIÓN O PARA MANDAR APOYO PARA EL CASO DE
MONTAÑA VERDE, FAVOR CONTACTAR:
Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas
de Honduras (COPINH)
Barrio Lempira, Intibucá, Intibucá, Honduras, telefax:
(504) 783-08-17
copinhonduras@yahoo.es
agosto 2004
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