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EL
90-90 y el Despojo del Territorio Garifuna
La posición asumida por la Corte Suprema de Justicia, al declarar sin lugar un recurso de amparo presentado por el ex-fiscal general Roy Medina el pasado 27 de febrero de 2004 - en el cual señalaba la
inconstitucionalidad del Decreto 90-90, ya que permite la adquisición de bienes urbanos en áreas que delimita el artículo 107 de la Constitución - demuestra la confabulación que se viene dando por parte de la elite dominante para ofrecer como piñata el país en general y las comunidades Garifunas en particular.
Dicho dictamen asumida por la mayoría nacionalista de la Corte Suprema de Justicia está de acorde a los intereses de los capos del partido, los mismos que hace 14 años se sacudieron del artículo 107 de la Constitución Nacional, por medio de los artificios incluidos en el Decreto 90-90.
La reiniciación del saqueo de Bahía de Tela por parte del grupo de empresarios y políticos beneficiarios de la piñata por los terrenos expropiados a la comunidad, conminó al abogado Roy Murillo a interponer el recurso de amparo, cuyo dictamen demuestra una vez más el servilismo y corrupción que prevalece en la actual administración.
Las declaraciones del señor Thierry Pierrefeu, actual Ministro de Turismo, en las cuales señala que "sin la aprobación del decreto 90-90 no habría inversiones extranjeras", son totalmente falsas. Existen los ejemplos de Cuba y México donde sin necesidad de vender el territorio nacional se han logrado fuertes inversiones en el rubro de turismo. El Sr. ministro parece ignorar las leyes de la maquila, donde los extranjeros sólo se limitan a alquilar espacios en los parques industriales, sin hacer inversiones que los sujeten en caso de querer abandonar repentinamente el país como ha sucedido en diversas ocasiones.
El colmo de la ironía es cuando el ministro se jacta de, "lo que se ha logrado ahorita es ratificar que en Honduras se respetan las leyes porque es un país de derecho". Parece ser que habita en un país de
fantasía, donde se respetarán las inversiones extranjeras, mientras los nacionales esperan que el estado de derecho no sólo sea aplicado a los ciudadanos comunes, sino que se proceda contra aquellos que han saqueado el erario nacional y son protegidos por los operadores de justicia.La aberración cometida por la Corte Suprema es parte del preludio del tsunami económico que se avecina en Honduras, avalado por el
tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, donde para favorecer un reducido grupo de maquiladores entregan el agro nacional a la rapiña de las importaciones subsidiadas del norte.
Con la posición asumida por la Corte Suprema en cuanto al amparo presentado por el abogado Medina, el pueblo Garífuna se prepara a sufrir la embestida de los políticos y empresarios, los cuales ansían subastar las playas hondureñas. Ante el arribo forzoso del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, presentimos como el territorio nacional se ubicará en el mercado de bienes raíces de las inversiones extranjeras, ávidos de tierras costeras a bajo precio y ubicadas en la red de áreas protegidas y corredores biológicos.
Los tratados y leyes que se están cocinando nos recuerdan a la serie de infortunios aprobados después del huracán Mitch, en donde la soberanía nacional quedo mancillada con la entrega que se hizo de los recursos mineros y el maquiavélico intento de la reforma del artículo 107 de la Constitución, situación que de haberse concretado nos hubiera acabado de despojar de nuestras comunidades.
El ficticio concepto de desarrollo que imponen los megaproyectos y tratados de libre comercio, no están edificados en la óptica de la distribución equitativa de la riqueza. Al contrario, a pesar del crecimiento económico logrado el año anterior no hay señales de una verdadera erradicación de la pobreza, la cual se viene incrementando cada día, en especial entre la poblaciónrural, cuyo éxodo se incrementará ante el inminente colapso de la producción de maíz.
Despojos como el de Bahía de Tela se replicarán a lo largo de la costa norte de Honduras, país rico en diversidad biológica y cultural, quien ha sufrido un destino aciago a manos de una pequeña elite extranjerizada e inimaginativa, dedicada a lucrarse de la caridad internacional y la destrucción sistemática de los recursos naturales,
A pesar de que el pueblo Garífuna ha venido recibiendo una serie de títulos de las comunidades, por parte del Instituto Nacional Agrario (INA), no existe una verdadera garantía sobre nuestros territorios, dado que los títulos desconocen nuestro hábitat funcional del que depende la subsistencia de las comunidades. La
farsa perpetrada por el Estado en compañía de algunos supuestos lideres Garífunas ha permitido presentar una realidad distorsionada de la situación jurídica de las comunidades, las cuales ha pesar de poseer exiguos territorios se ven expuestas a múltiples invasiones a cargo de campesinos manipulados por individuos que padecen de ealucinaciones mpresariales con nuestras playas, sin que las autoridades hagan respetar los supuestos títulos emitidos.
La OFRANEH ha mantenido una política clara en cuanto a nuestros territorios, los que consideramos algo más que una mercancía. La madre tierra para nuestra cosmovisión es algo que no se negocia y pertenece de forma intrínseca al pueblo Garifuna. Al mismo tiempo tememos que el marcado individualismo preconizado por el neoliberalismo apunte hacia la disolución de los títulos colectivos, imponiendo el concepto de propiedad privada, que intensificará las presiones orientadas hacia la venta de la franja costera.
Dado en la Ciudad de la Ceiba a los once días del mes de Enero del 2005
Miriam Miranda
OFRANEH
Organización Fraternal Negra Hondureña
Telfax: 504- 443 2492
Apartado Postal 341
La Ceiba, Atlántida, Honduras.